Claudio Gutiérrez
Claudio Gutiérrez
Quizá lo que más distinga a la Universidad como institución es la íntima relación que en ella se da entre investigación y enseñanza. Sólo en una universidad pueden estos dos aspectos del quehacer intelectual integrarse como un todo. Idealmente, no hay maestro universitario que no sea él mismo investigador, y no hay –no debe haber– investigador que no enseñe, que no participe a otros de su trabajo creador. Como un derivado de esa integridad está una segunda característica muy propia de la Universidad: la necesaria convivencia y coparticipación de maestros y estudiantes. El conocimiento del maestro, así como su visión del mundo, lo mismo que los métodos por medio de los cuales adquiere ambos, se comparten con el estudiante; lo cual resulta fácil si el maestro es investigador y no un "detentador de conocimiento", y si el estudiante está seriamente comprometido con el deseo de saber y no solamente con sus propósitos egoístas o extra-académicos. Esta integridad de enseñanza e investigación y este convivio entre maestros y estudiantes que definen la Universidad tienen desde luego carácter local, son notas definitorias o aspiraciones; pueden no realizarse en la práctica en alguna medida o fallar del todo, por diversas razones. El maestro puede no investigar, con lo que degenera en un repetidor de fórmulas aprendidas de memoria; o puede no enseñar verdaderamente, sino contentarse con lucir en la clase una presunta sabiduría que en nada beneficie a sus alumnos. El estudiante puede acomodarse en un rol puramente pasivo, de memorizador de datos que no incorpora en la vida intelectual, sin servir de estímulo ni al maestro ni al investigador. O puede ser "activista", pero no de la causa del conocimiento, sino de causas extrauniversitarias. Ambos, maestro y estudiante, pueden menospreciar la vida de la razón, y derivar hacia propósitos ajenos a la academia, sean éstos de carácter pragmático, o político partidista, o estético-recreativo. En cuyo caso, habrán dejado de actuar como intelectuales, y habrán debilitado a la institución a que pertenecen que merecerá menos entonces el calificativo de Universidad.
La politización de la Universidad, como constante peligro para esta institución, merece una consideración especial. Es indudable que el intelectual, como persona, debe tomar posición frente a muchos problemas y causas políticos, nacionales o internacionales. Pero resulta difícil entender cómo podría el intelectual actuar responsablemente dentro de una institución que, como tal, se hubiera pronunciado en favor de determinada medida política.
Una definición oficial de posiciones por parte de la Universidad compromete seriamente una responsabilidad social del intelectual muy importante: la de servir de árbitro científico. Nadie puede ser totalmente objetivo en sus juicios; no obstante, los intelectuales tienen asignada la misión de esforzarse por lograrlo. La sociedad supone que el intelectual ve las cosas desde una perspectiva imparcial, con base en el rigor científico adquirido en una Universidad independiente de la política. Este respaldo reviste la opinión del intelectual de la autoridad que la caracteriza. Si la institución que acredita al intelectual se mezcla en política, pone en peligro esa aceptación social, con lo que la sociedad pierde un importante servicio.
El activista de izquierda o de derecha sostiene que la Universidad no puede ser neutral, que una pretendida neutralidad sólo significa hacerle el juego al bando contrario. Afirma que la Universidad, como institución que existe en un contexto político, no puede evitar estar políticamente comprometida. Creo que esto último es cierto, aunque no comparta muchas de las consecuencias que de tal compromiso suelen deducirse. La Universidad está dedicada a la enseñanza y la investigación, las cuales no pueden ejercerse sin libertad. Por naturaleza, la Universidad está comprometida con el método de la razón, y éste sólo puede florecer en determinado contexto y se liga con un determinado estilo político: el de la tolerancia de las ideas y el respeto a las personas. Por otra parte, la Universidad sostiene el orden existente, al darle los profesionales y conocimientos que necesita, aunque también tiene entre sus funciones cuestionar ese orden (por ello incluye en sus programas de estudio las ideas consideradas subversivas por la sociedad). Inevitablemente, habrá siempre, por la naturaleza de las circunstancias, un prejuicio político en favor de los principios y estructuras reconocidos por la sociedad. La politicidad de la Universidad en estos sentidos, a saber, coincidencia con los valores políticos más generalmente aceptados y al mismo tiempo examen y cuestionamiento de esos valores, es inevitable; pero también es perfectamente aceptable, pues no choca con la libertad de investigación y enseñanza ni con la naturaleza y fines de la Universidad.
En ciertos casos extremos una participación oficial de la Universidad en cuestiones políticas más específicas puede ser legítima. Un Consejo Universitario o una Asamblea de Facultad pueden permitirse tomar acuerdos sobre una cuestión de moral colectiva, de éstas que por su importancia no se presentan todos los días. Ejemplos podrían ser, en Costa Rica, una protesta contra la entrega de nuestros recursos naturales a compañías extranjeras; en los Estados Unidos, la protesta contra la guerra de Viet Nam. En esos casos, el cuerpo universitario debe plantearse el asunto con honda responsabilidad y decidir si debe adoptar una posición y cuál deba ser su pronunciamiento. Pero deberá hacerlo con clara conciencia del peligro de resbalar por la pendiente de una participación en cuestiones que por la naturaleza de la Universidad no le corresponden. Por otra parte, la participación de la Universidad en política puede llegar a ser obligatoria cuando de lo que se trate sea de defender los principios mismos en que la Universidad se sustenta, como la libertad de cátedra o la autonomía de investigación y enseñanza.
Volvemos así al tema con que habíamos comenzado: el carácter fundamental que para la Universidad tiene el ejercicio de la enseñanza y la investigación; ejercicio libre y autónomo, por parte de quienes tienen la autoridad intelectual para ello: los maestros y los estudiantes, estos últimos en la medida en que la tradición y la ley universitarias les dan participación en las decisiones del claustro. La empresa de la educación superior sólo puede prosperar dentro de las libertades gemelas de investigación y enseñanza, regida por personas con preparación y criterio académicos. Por ello hemos defendido y seguiremos defendiendo el derecho exclusivo del claustro de hacer nombramientos, preparar planes de estudio y elaborar todas las normas académicas; permitir que un ente externo, sea éste un Gobierno o un Sindicato o un ente de cualquier otra índole, se inmiscuya en estos asuntos equivale a traicionar los fines de la Universidad. No existe la universidad ideal y no todos los miembros del claustro tienen visión, ecuanimidad o independencia. Pero eso no implica que nos acercaríamos más al ideal si aceptáramos en cuestiones académicas juicios de personas sin autoridad intelectual para hacerlos.