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El objetivo principal de las muchas bases de datos computarizadas de la AT&T es facilitar la operación de la red nacional de teléfonos por medio de actividades tales como dirigir y cambiar automáticamente las llamadas, identificar y corregir problemas técnicos en forma automática y recopilar y enviar por correo las facturas mensuales de los 72 millones de usuarios del sistema. Pero la AT&T no solo trasmite llamadas telefónicas. Cada día se ocupa más de una amplia gama de datos, que incluyen informes de negocios, planes de producción e imágenes de televisión.
El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) del FBI es una red computarizada diseñada para vincular directa o indirectamente a más de 1.100.000 policías, fiscales, jueces, agentes judiciales y oficiales de reformatorio que trabajan para las 57.000 diferentes agencias de justicia criminal locales, estatales y federales. El objetivo principal del NCIC según la definición del FBI, es mejorar la capacidad del gobierno para combatir el crimen a todos los niveles, al apresurar el intercambio de información acerca de los bienes robados y sobre los sospechosos de actos delictivos. En cierta forma el NCIC es el sistema individual de comunicaciones más complejo operado por el gobierno federal. Debido a sus conexiones directas con las bases de datos computarizadas operadas por otras agencias federales, muchos estados y algunos países extranjeros, el NCIC tiene un alcance extraordinariamente amplio. '
... El hecho de que los sistemas de procesamiento de información desarrollados por la AT&T y el FBI sean tan distintos, proporciona un buen ejemplo de la forma en que la información transaccional y las redes masivas han incrementado el impacto de estas dos burocracias precomputacionales en nuestra vida diaria. Pensemos primero en la AT&T. A través de sus miles de millones de cables, autopistas de microonda y enganches de satélite, el pueblo norteamericano hace 500 millones de llamadas por día -cuatro llamadas en promedio, desde cada uno de los 130 millones de teléfonos del país. Gracias a las bases de datos computarizadas que están unidas a esta red electrónica masiva, en un creciente número de articulaciones, la AT&T se ha convertido en el depositario más grande de información transaccional del mundo. Enterrados en las computadoras del sistema hay informes que pueden ayudar a dibujar un perfil increíblemente detallado de cualquier persona, grupo o empresa que utilice el teléfono.
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Con solo estudiar los datos que se pueden recolectar desde una computadora telefónica, los investigadores pueden saber a cuáles números ha llamado un individuo, a cuál hora del día y qué día de la semana fueron hechas las llamadas, la duración de cada conversación, y el número de veces que se marcó un número equivocado. Si se la considera en su totalidad, esta información puede señalar la localización de un individuo en un momento específico, determinar sus pautas cotidianas de trabajo y de sueño y hasta sugerir su estado de ánimo. La información también puede señalar los amigos, socios, conexiones de negocios y actividades políticas del individuo en cuestión.
Sin embargo, hay implicada una consideración todavía más fundamental. Casi por definición, la información transaccional se recolecta y almacena automáticamente en las bases de datos de la compañía de teléfonos, el equipo electrónico de los bancos y las computadoras de doble vía de los sistemas de televisión interactivos. Esto quiere decir que es posible obtener la información transaccional meses después del momento en que ocurrió el suceso específico documentado en los informes.
Esta capacidad aumenta enormemente el alcance de cualquier investigación. Antes de la era de las computadoras, era sumamente difícil obtener evidencia concreta acerca de las actividades y paraderos de un individuo a menos que se le hubiera asignado alguien para seguirlo. En la mayoría de los casos, los investigadores se limitaban a seguir a un número limitado de individuos que se temía que pudieran participar en un hecho delictivo en el futuro. Ahora se pueden trasladar hacia atrás en el tiempo, y recolectar fácilmente evidencia concreta acerca de cualquier persona de interés, mucho después de que haya ocurrido el acto prohibido.
Un ejemplo viene a la mente. En los últimos años, el FBI en cualquier momento dado ha tenido asignados grupos de agentes para escuchar las conversaciones telefónicas de unos cuantos cientos de personas que consideraba a punto de cometer serios delitos. Como resultado de estas intervenciones, el FBI recolectó mucha información sobre lo que decían un puñado de personas oficialmente sospechosas. Pero ahora el FBI puede complementar esta clase de información vieja con información transaccional. Después de que algo sospechoso ha ocurrido, una vez terminada la investigación preliminar, después de que la oficina ha hecho una lista de posibles sospechosos, puede obtener ahora los informes de sus llamadas de larga distancia, los informes computarizados de los bancos y otros documentos que muestran la localización exacta, tanto geográfica como temporal, de todos los que aparecen en la lista.
La ancha escoba de la información transaccional, puede barrer sin embargo, mucho más que las muy reveladoras huellas de un ciudadano en particular. Por lo menos en dos oportunidades se ha hecho evidente en fechas recientes que esta misma clase de información computarizada ha sido usada por la AT&T para descubrir las actividades de varias empresas grandes y hasta para investigar a grupos étnicos y económicos en un estado.
Durante el tiempo en que la AT&T gozaba de un cuasi monopolio en la oferta de servicios telefónicos en los Estados Unidos, la compañía mostraba una imagen amistosa, protectora y hasta condescendiente. Pero a partir de los años 60, una serie de cambios en la tecnología de las comunicaciones condujo a una transmutación gradual en la filosofía de los reguladores de las comunicaciones estatales y federales. A causa de esta transmutación en las percepciones, los reguladores comenzaron lentamente a estimular a otras compañías a competir con la AT&T.
Por ejemplo, una compañía llamada MO construyó su propia red de torres de radio de microondas y ofreció a comerciantes y familias individuales una forma de hacer llamadas de larga distancia a un costo significativamente menor que el de la división de larga distancia de la AT&T. El que quiere economizar utiliza el servicio local de AT&T para marcar el número de las terminales de MO de su ciudad; ésta trasmite la llamada a la ciudad solicitada por vía de su propia red de microondas. Luego la llamada se devuelve a la red local de AT&T y se la retransmite a su destino final.
A la AT&T no. le hizo gracia esta innovación y decidió lanzarse a la ofensiva. Para muchos, la vieja imagen amistosa y bondadosa de la compañía Ma Bell, sufrió una rápida transformación....
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomó nota de la nueva actitud de la AT&T y comenzó una cuidadosa investigación. Después de seis años de buscar y rebuscar en los informes de la compañía y de la industria, el departamento acusó formalmente al Sistema Bell de monopolizar los mercados de servicios y equipos de telecomunicaciones de los Estados Unidos, violando la legislación en contra de los monopolios. Como respuesta a la orden de los tribunales federales establecida por esta demanda, de dividir la AT&T, la compañía accedió a separar las divisiones que operaban los teléfonos locales antes de que el caso llegara a juicio.
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... La decisión de la AT&T de investigar las actividades de las empresas que habían decidido hacerle competencia es un ejemplo muy revelador del enorme poder de la información transaccional.
La investigación suscita también ciertos interrogantes. ¿Constituyó el programa una gigantesca violación de las políticas y las normas éticas expresadas por la AT&T? El Sistema Bell se ha interesado mucho por garantizar al pueblo norteamericano que sus informes telefónicos están protegidos. Todos los ejecutivos, científicos, secretarios y trabajadores que llegan a trabajar con la AT&T, por ejemplo, deben firmar una declaración que estipula que han leído y comprendido en su totalidad un pequeño folleto que resume las normas éticas que se les exigen a todos los empleados. Una disposición en este folleto ordena a los empleados nunca «participar en espionaje industrial». Otra disposición declara que «ninguna transmisión, ya sea oral, de datos o de cualquier comunicación no-oral, puede ser manipulada indebidamente o estorbada» y que «arreglos con los clientes acerca de las comunicaciones e información sobre informes de factura, equipos o circuitos, no pueden ser divulgados a personas no autorizadas».
Es por supuesto muy fácil para el director del consejo y para los ejecutivos de alto rango de cualquier organización, decidir en privado que son personas autorizadas. En este caso en particular, los ejecutivos eran directivos de la compañía de teléfonos. Pero podrían haber sido directores del Consejo de Reserva Federal, del banco local, de la compañía que ganó la licitación de televisión por cable interactiva de doble vía en la ciudad o cualquiera del creciente número de negocios relacionados con computadoras.
Sin embargo, no son solamente las organizaciones privadas el blanco potencial de persecución de la información transaccional. Hace unos pocos años, por ejemplo, la compañía Bell de Southern New England, decidió que quería cambiar la manera de cobrar el servicio telefónico a la gente de Connecticut. En vez de una tarifa fija para las llamadas locales, la compañía quería cobrar a los clientes de acuerdo a la duración de las llamadas. Previo a la introducción del nuevo esquema, el Concejo de Control de Servicios Públicos de Connecticut pidió a la compañía de teléfonos utilizar el poco usual sistema de teléfonos computarizado de Connecticut para llevar a cabo una investigación que estudiara la manera en que la fórmula propuesta afectaría a los distintos segmentos de la población del Estado.
Sin informar a la gente del Estado, científicos de los Laboratorios Bell ayudaron a la compañía a elegir una muestra al azar de los teléfonos de 1.600 hogares. Las computadoras de las localidades seleccionadas recibieron instrucciones de registrar automáticamente cada llamada local hecha desde los teléfonos escogidos. ¿A qué hora fue hecha cada llamada? ¿Qué duración tuvo? ¿Cuántas llamadas se hicieron desde cada teléfono?
Después de que se recolectó durante un año la información transaccional, la compañía de teléfonos envió un cuestionario a cada uno de los hogares, que no mencionaba el que los teléfonos hubieran estado intervenidos. Los cuestionarios preguntaban una serie de detalles sobre la condición económica, étnica y educativa de la gente que habitaba cada hogar. La información obtenida por medio de las respuestas a los cuestionarios fue combinada luego con la información sobre el uso del teléfono en cada hogar.
El estudio produjo sorprendentes revelaciones. Las familias pobres negras usaban el teléfono mucho más que las familias pobres blancas. Los negros pobres lo usaban más que las familias de ingresos medianos y altos de las dos etnias. Familias negras con un ingreso menor a los $3.000 anuales hablaban un promedio de 723 minutos al mes, en tanto que las familias blancas con un ingreso semejante, hablaban solo 296 minutos. Familias negras cuyo ingreso fluctuaba entre los $3.000 y los $5.000 anuales, usaban el teléfono un promedio de 1.532 minutos al mes, contra 254 minutos promedio de las familias blancas. El estudio reveló que el uso más intenso del teléfono por las familias negras continuaba conforme crecía el ingreso hasta los $12.500 anuales, en que la pauta se invertía. En familias cuyo ingreso sobrepasaba los $20.000 anuales, los negros usaban el teléfono solo 310 minutos al mes y los blancos, 417 minutos.
Fred Fagel, ejecutivo de ventas actualmente retirado, que dirigió el proyecto, declaró en una entrevista que el estudio había sido sumamente útil para comprender la forma en que el cambio propuesto en la facturación afectaría los bolsillos de la población del Estado. No se puede argumentar en contra del análisis de Fagel. Sin embargo, este estudio, junto con otros similares sobre mercadeo hechos por la AT&T, muestra la manera en que la información transaccional podría ser usada algún día para seguir la pista a individuos miembros de distintos grupos.
David Watters, experto en comunicaciones que trabajó con la CIA en Washington considera motivo de preocupación el que la información transaccional recolectada por las computadoras de organizaciones como la AT&T pueda ser usada para desarrollar «marcas» de clases de personas que permitirían una vigilancia masiva sutil y difícil de detectar.
«Digamos que una de nuestras agencias federales más poderosa se sintiera preocupada por las actividades de un grupo de personas que comparten un interés común por detener el creciente compromiso del país en actividades bélicas o impedir la colocación de nuevos sistemas de cohetes», explica el ingeniero en computación. «La organización lleva a cabo un estudio detallado sobre la forma en que los miembros del grupo utilizan el teléfono. Luego la agencia federal da instrucciones a las computadoras para que levanten una bandera cada vez que se hacen llamadas telefónicas desde uno de los teléfonos que coincide con la marca transaccional acordada para los miembros de ese grupo».
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Una característica significativa de la información transaccional recolectada por AT&T y otros grandes sistemas de computadoras es que su alcance es universal. Se obtiene información transaccional acerca del uso del teléfono y de los hábitos bancarios de cada una de las personas que viven en los Estados Unidos, rico o pobre, moral o inmoral, blanco o negro, republicano 0 demócrata. Si bien la información puede dar una luz reveladora sobre las actividades de un individuo específico, se recolecta por igual sobre las actividades de todos.
El sistema de bases de datos del FBI, que se vincula gradualmente a través de las redes de computación, no comparte esta calidad universal. En vez de ello, colecciona y distribuye información acerca de un segmento de la población, los millones de norteamericanos que cada año son arrestados.
La historia del sistema del FBI comienza hace casi cien años, mucho antes del nacimiento tanto de las computadoras modernas como del propio FBI. El asunto sucedió en una reunión de policías interesados en una reforma, que decidieron que había llegado el momento de solicitar del Congreso la financiación de una agencia del gobierno federal, para mantener un archivo central de todos los delincuentes norteamericanos. Los policías, que se autodenominaban la Unión Nacional de Jefes de Policía, argumentaban que la posibilidad de que una agencia semejante ofreciera intercambio oportuno de información sobre «delincuentes y casos criminales», mejoraría la capacidad de sus distintos departamentos para controlar los delitos.
Casi nueve décadas más tarde, en el verano de 1981, una misión especial nombrada por el procurador general del Presidente Reagan, se dio a la tarea de adaptar la propuesta inicial a los cambios tecnológicos actuales; la comisión aprobó un plan para que el FBI introdujera un cambio significativo en el sistema de comunicaciones existente, con el fin de agilizar el intercambio de los informes sobre millones de gente que es arrestada cada año en todos los Estados Unidos. Como fue insinuado por los jefes de policía de St. Louis, la misión especial de la administración Reagan declaró que la adopción de esta propuesta ayudaría al gobierno a disminuir los delitos graves.
La creencia tanto de los policías de fin de siglo como de la administración Reagan de que un rápido intercambio de información resumida sobre los contactos pasados de un individuo con el sistema criminal de justicia habría de mejorar significativamente la capacidad de la policía, de los fiscales y de los jueces para apresar y castigar a los delincuentes, tiene una gran dosis aparente de credibilidad. Sin embargo, un cuidadoso examen de las fuentes de información que llevan a la policía a arrestar a alguien o al juez a dictar la sentencia apropiada, sugiere que la recuperación casi instantánea de los informes sobre la historia delictiva, puede ser mucho menos útil que lo que generalmente se cree, para la tarea de combatir el crimen.
Por lo demás, la computarización gradual de los informes sobre historia delictiva en la mayoría de los Estados y el desarrollo de una única red computarizada que vincule todas estas bases de datos estatales y locales, cuestiona seriamente la médula de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. De hecho estos asuntos son tan importantes, que han proporcionado armas a un puñado de congresistas críticos, junto con expertos en comunicaciones de las administraciones de Nixon, Ford y Carter, para detener la construcción de la red federal en los últimos diez años.
Ahora sin embargo, con la bendición de la Misión Especial sobre Violencia Criminal adjunta al procurador general, parecen fructificar los planes del FBI para construir una red semejante. Si el FBI se sale con la suya, la agencia de aplicación obligatoria de las leyes más poderosa de los Estados Unidos controlará una red computarizada que vincula sistemas de bases de datos de tamaño y complejidad inimaginables.
Las objeciones que han impulsado a funcionarios sensatos tales como los Procuradores Generales Edward Levi y Griffin Bell a ordenar que el sistema no prosiga, han surgido con base en tres distintas inquietudes.
La primera inquietud se refiere a problemas de la propia red de comunicación. ¿Debería estar el control de la red propuesta en manos del FBI? ¿Sería mejor poner la red en manos de una agencia federal distinta, que no esté directamente involucrada con la aplicación obligatoria de la ley? ¿O quizás lo mejor sería que un consorcio de los Estados estuviera a cargo de la operación del sistema? Una red controlada por el gobierno federal ¿llegaría a alterar las relaciones entre éste y los Estados soberanos? Un sistema computarizado de información diseñado para servir a las necesidades del poder judicial del gobierno, pero que se encuentra en manos de la agencia policial del poder ejecutivo ¿debilitaría el sistema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución?
La segunda inquietud se refiere a problemas relacionados con los informes. Debido a la gran variedad en las políticas de detención de las leyes estatales y locales y a la frecuente inexactitud e incompletitud de los informes de arrestos, ¿redundará la amplitud de su distribución en una menor oportunidad de ser objeto de un juicio justo que la que nuestra Constitución garantiza para todas las personas? ¿Podría ser que el flujo creciente de informes en manos de patronos, comisiones estatales de licencias, y universidades llegara a crear una situación en que los individuos se dediquen a actos criminales porque se les niega la oportunidad de ganarse la vida legítimamente?
La tercera inquietud se refiere a los problemas del impacto combinado de la red de comunicación propuesta con la inmensa masa de información que contienen las bases de datos sobre historias delictivas, frecuentemente computarizadas, que mantienen los Estados y muchas jurisdicciones locales. ¿Podría un sistema semejante ser usado para mantener en observación a ciudadanos que no son delincuentes?
Para comprender las implicaciones que entran en juego en la decisión de otorgar al FBI autoridad para construir y controlar lo que se ha dado en llamar el Índice de Identificación Interestatal, es necesario conocer algo acerca del papel del FBI y sobre los objetivos y prácticas de las instituciones estatales y locales que quedarían unidas mediante la nueva propuesta computarizada de la oficina. Es preciso también conocer la naturaleza de los informes que habrían de circular con frecuencia y velocidad crecientes a causa de la creación de esta red. ¿Sobre cuántos norteamericanos se tienen informes? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Cuán exactos son? ¿Para qué se usan? ¿Cuán efectivas son las reglas que limitan el que sean usados en forma inapropiada?
En casi todos los casos, un informe de historia delictiva comienza cuando un funcionario encargado de la ley en la ciudad o en el cantón, hace un arresto. Dependiendo de leyes y costumbres muy variadas, el funcionario procede a tomar las impresiones dactilares de la persona arrestada, porque es la única forma de identificarla con certeza. Luego, dependiendo de leyes y costumbres muy variadas, el informe sobre el arresto puede ser almacenado en uno o más niveles del gobierno. Algunas veces el informe permanece en la caja de zapatos que funciona como archivo policial en el departamento de policía de una pequeña ciudad; otras veces el informe se almacena en los archivos de las agencias de identificación del Estado; otras veces es enviado a uno o ambos de los dos sistemas distintos de archivos criminales que mantiene el FBI. Casi no se sabe nada acerca del número, tamaño, contenido y procedimientos de operación de las instituciones locales que mantienen informes de historia delictiva.
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Pero en realidad, intentar controlar la delincuencia en los Estados Unidos es mucho más ambiguo y complicado que lo que parecen insinuar quienes abogan por una red computarizada de proporciones gigantescas para el FBI. Por ejemplo, solo una parte muy pequeña de los millones de incidentes traumáticos que se registran anualmente en los informes de historias delictivas tienen como autores lo que se denomina actualmente delincuentes de carrera, asesinos profesionales, ladrones y bandidos que abusan repetidamente de sus víctimas. La triste verdad es que muchos de los asesinos y violadores que aterrorizan a la gente no son merodeadores extraños. En vez de ello, son esposas que se ven presionadas a matar a sus maridos en medio de la noche. Son tíos a quienes se les ha pedido cuidar de sus sobrinitas. Son viejos conocidos que se ven envueltos en una pelea después de una noche de tragos.
El problema de si esta clase de criminal tiene cuentas pendientes en otro Estado no es de importancia urgente para la familia que ya conoce sus defectos. El informe sobre el sospechoso tampoco tiene mayor importancia inmediata para la policía, que a menudo «resuelve» estos delitos cuando el propio culpable se presenta a la estación de policía local o es reconocido inmediatamente por familiares y vecinos. Contrario a la creencia popular y a lo que la policía a veces sostiene, los estudios señalan que muy pocos arrestos se dan como resultado de algún tipo de investigación. La mayoría de las liquidaciones provienen de la captura del delincuente en la escena del crimen o por la total identificación del criminal por parte de sus víctimas o de testigos.
Existe sin embargo otra razón por la que la policía no encuentra gran ayuda en los masivos informes de historias delictivas en su búsqueda de los relativamente pocos delincuentes profesionales. A pesar de su nombre, los informes de historia delictiva se refieren a un número increíblemente grande de personas que en algún momento de su vida han infringido la ley, pero que no son considerados realmente delincuentes: hombres arrestados por ebriedad en lugares públicos, muchachos arrestados por robar el automóvil de un vecino, estudiantes universitarios arrestados por protestar en contra de la construcción de una planta de energía nuclear o contra el reclutamiento.
Una segunda razón por la que muchos de los individuos cuyos expedientes están en los archivos de historia delictiva federales y estatales no pueden ser considerados delincuentes, es porque no han sido condenados de crimen alguno. En los Estados Unidos, la policía lleva a cabo más de 10,5 millones de arrestos anuales. Según estudios hechos en jurisdicciones a lo largo y ancho del país, de un 30% a un 40% de estos arrestos son declarados sin lugar por la policía o por el fiscal de distrito, antes de que haya sido resuelto el asunto sobre culpabilidad o inocencia.
En un buen número de estos millones de casos, se puede suponer que el individuo en cuestión realmente era culpable de los cargos por los que fue arrestado. Pero el sentido común tanto como el principio constitucional de que un individuo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, argumenta muy poderosamente en favor de millones de personas incluidas en los expedientes debido a un arresto, que no han cometido el acto por el cual que se les acusa.
Un número sorprendente de norteamericanos han sido arrestados en algún momento de su vida. Dado que algunos individuos tienen expedientes en más de una jurisdicción y debido a que millones de los que han sido arrestados han muerto, no es fácil hacer una estimación acerca de cuánta gente ha sido realmente arrestada en el curso de su vida. Un cuidadoso estudio hecho recientemente para el Ministerio de Trabajo por Neil Miller, afirma que alrededor de uno de cada cinco norteamericanos vivos tiene un expediente de arresto en alguna parte de los Estados Unidos.
En los últimos años, funcionarios federales, estatales y locales encargados de la aplicación obligatoria de la ley en todo el país han argumentado con éxito a favor de que la sociedad ponga a su disposición sistemas de comunicación computarizada a nivel estatal y nacional, que permitan al policía de la calle obtener información instantánea acerca de si el individuo que ha detenido es buscado como sospechoso de alguna fechoría. Estos sistemas parecen tener sentido desde el punto de vista de la protección tanto del policía que lleva a cabo la detención, como de la sociedad como un todo, con relación a la posibilidad de que la persona temporalmente detenida, realice mayores actividades perniciosas.
Sin embargo, el valor reconocido de un sistema de línea de emergencia que informe al patrullero si la persona que ha detenido es actualmente sospechosa de otro delito, no justifica necesariamente un sistema paralelo que informe al patrullero que su objetivo fue arrestado por un delito en una ciudad lejana y posiblemente en un período de tiempo también lejano.
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Charles Silberman, comentarista social muy perceptivo, en su libro Criminal Violence, Criminal Justice ha resumido los aspectos importantes de un delito que de modo inevitable pasan desapercibidos en un informe computarizado de historia delictiva.
«En la gran mayoría de los casos, los hechos no están en discusión», ha escrito. «Lo que está en cuestión ... es el significado que se debe dar a los hechos. Las decisiones acerca de la severidad de la ofensa y del grado de culpabilidad del ofensor, implican juicios a menudo muy subjetivos sobre factores tales como premeditación, intención, fuerza, credibilidad, negligencia, amenaza, imprudencia y daños».
Sin embargo las quejas de los policías, fiscales y jueces entrevistados, van mucho más allá del simple cuestionamiento de la utilidad de un informe sumario, privado del contexto social y legal original. Los usuarios se quejan, una y otra vez, de que los informes manejados por la división experimental de historias delictivas del FBI, están incompletos y son inexactos. Los juicios subjetivos de los funcionarios policiales, fiscales y jueces acerca de la mala calidad de la información, han quedado respaldados con base en una segunda investigación realizada por la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso.
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Los descubrimientos han sido sorprendentes. En Carolina del Norte, solo el 12,2% de los sumarios estaba completo, era exacto e inequívoco. En California, el 18,9% lo era. En Minnesota los investigadores encontraron que casi la mitad de la muestra -49,5- satisfacía los estándares.
La calidad de los archivos del FBI, que descansa por supuesto en la información que proporcionan los cincuenta Estados, no era mucho mejor. Con base en una muestra al azar de 400 informes enviados por la División de Identificación durante una semana de agosto de 1978, se encontró que el 25,7 % de los expedientes llenaba los requisitos establecidos por la ley fede-- Suponiendo que la muestra de una semana fuera válida para el año completo, el estudio insinuaba que 175 millones de los 235 millones de informes enviados por el FBI a los tribunales de justicia y a otras instituciones en todo el país, incluían muchas fallas.
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A pesar de los defectos probados de los informes delictivos, cada día más patronos en todo d país parecen usarlos para seleccionar nuevos empleados. «La cosa más aterradora sobre los sistemas federales y estatales es que es increíblemente difícil evitar que se les dé otro uso, fuera de los tribunales de justicia», ha declarado un juez de California.
«La situación en California, donde se usa con mucha frecuencia la información de expedientes judiciales para mantener a la gente sin empleo, y por lo tanto, propensa al delito, es sencillamente aterradora y atroz. Si se llegara a construir un sistema nacional, puede usted estar seguro de que habría cada vez más solicitudes de parte de patronos, de gobiernos locales y estatales para utilizar las fuentes nacionales junto con los recursos estatales y locales».
El director de investigación de una comisión estatal legislativa nombrada para revisar el código de delitos del Estado, hizo un pronunciamiento semejante. «La consecuencia peor sería crear un sistema nacional de casta de personas inempleables», ha dicho. «Hemos creado ya un sistema de casta racial, y pareciera que el sistema nacional de Historias Delictivas Computarizadas vendría a crear una casta paralela compuesta por minorías raciales y gente pobre que sería inempleable en ningún Estado del país».
Es cierto, por supuesto, que los informes oficiales han sido objeto de abusos mucho antes de que las computadoras se convirtieran en parte importante de la burocracia pública y privada de los Estados Unidos. Pero cierto ejecutivo de una agencia de New York ha explicado de qué manera la computadora ha aumentado las posibilidades de abusar.
«La tecnología no es el único villano, pero es un villano», ha declarado el funcionario. «Antes de la era de alta tecnología, uno podía controlar mejor la información; por lo menos no podía ser diseminada muy lejos porque resultaba poco práctico trasmitirla. Con el sistema de computación, es imposible controlarla, debido en gran parte a la interfaz automática del sistema, que dificulta saber, aun para nosotros, a quién le llega la información»
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